Proyecto Gama y salud en A Ulloa. Una lectura del texto de Sonia Villapol desde la ingeniería.

Antes de entrar en materia, conviene situar a la autora el artículo IMPACTO E RISCOS PARA A SAÚDE DO PROXECTO GAMA NA POBOACIÓN DA ULLOA, Sonia Villapol ha desarrollado una carrera investigadora muy sólida en el ámbito biomédico internacional, con una trayectoria centrada en mecanismos de inflamación, neurodegeneración y microbiota, y una presencia relevante en instituciones y publicaciones de referencia mundial.

Precisamente por eso, su texto sobre el Proyecto Gama (Palas de Rei, A Ulloa) merece una lectura meticulosa y muy detallada. Cuando una voz científica con prestigio internacional entra en un debate mucho más local, el listón metodológico —en causalidad, exposición real, incertidumbre y comparabilidad— debe estar a la altura de la relevancia social de sus conclusiones.

Este artículo sigue el mismo guion que utiliza Sonia Villapol, pero lo recorre con un criterio propio de evaluación de riesgos, separar peligro de riesgo, distinguir exposición ocupacional de exposición ambiental, y no confundir “podría” con “probablemente ocurrirá”.

Introducción: cuando el encuadre condiciona el debate

Sonia Villapol abre su texto llamando al proyecto “macrocelulosa”. Ese término no es inocuo, ya nos coloca mentalmente ante una planta “gigantesca” antes de hablar de números. Sin embargo, si se compara con las plantas que se están construyendo y operando hoy en el mundo, Gama encaja mejor en la categoría de “mini celulosa” o “planta de tamaño pequeño/medio”, por una razón simple, su capacidad final (400.000 T/año de celulosa soluble y 200.000 t/año de lyocell) es muy inferior a las grandes “mega-mills” recientes, que se mueven en 1,5–2,55 millones de toneladas/año solo de pasta de celulosa.

• UPM Paso de los Toros: 2,1 Mt/año de pasta de eucalipto.

• Metsä Fibre Kemi: 1,5 Mt/año de pasta.

• Suzano Cerrado: 2,55 Mt/año de celulosa de eucalipto.

• Gama (fase final): 0,4 Mt/año de celulosa soluble +0,2 Mt/año lyocell.

Esto no “absuelve” nada, pero sí ordena el debate, las palabras no sustituyen a las magnitudes.

También cita Villapol un punto importante, menciona el “manifiesto” de 15 profesores de la USC, pero no discute quiénes no lo suscriben —por ejemplo, perfiles con autoridad directa en suelos/edafología, que es una pieza clave si se habla de impactos agrarios o de forestación—. Ese sesgo de selección (nombrar solo el bloque que apoya su tesis) es común y, cuando aparece en un texto con sello científico, hay que señalarlo sin más, no es lo mismo “hay profesores que firman” que “es la posición académica de la institución”.

Por otro lado aquí la doctora Villapol hace, a nuestro juicio, un  movimiento honesto en su texto, reconoce dos limitaciones fuertes que, si se toman en serio, obligan a rebajar el tono de ciertas afirmaciones posteriores:

1. Escasez de estudios epidemiológicos locales (no los hay en entornos españoles en fábricas de Celulosas con tecnología Kraft como, Lourenzá, Navia, Zicuñaga o Zaragoza).

2. Incertidumbre para “saber con certeza” las concentraciones futuras.

Con esas dos limitaciones sobre la mesa, el estándar razonable —desde ingeniería y regulación— no es “predecir enfermedades”, sino exigir cumplimiento normativo, control, trazabilidad y vigilancia. En España, el marco de calidad del aire ambiente se apoya en el Real Decreto 102/2011 (transposición de la normativa europea), que fija valores límite y obligaciones de evaluación/gestión.

Nota clave: un proyecto industrial no tiene como obligación “diagnosticar” la salud futura de la población; tiene la obligación de cumplir normativa, aplicar BAT/MTD, y someterse a autorización y vigilancia. Si la sociedad quiere límites más estrictos, eso es un debate político-legislativo. Ninguna ley exige a una empresa predecir cambios en la microbiota intestinal de los vecinos. Hasta que el Parlamento Europeo o el Gobierno de España no cambien el RD 102/2011 para bajar los límites (como sugiere Sonia Villapol y la OMS), una empresa no tiene obligación legal de aplicar límites teóricos futuros. No se puede sancionar a un proyecto hoy por una ley que quizás se apruebe hasta 2042 o nunca.

Sustentabilidade e “tolerancia cero” coas emisións

En esta parte, Villapol plantea una postura de “tolerancia cero” con las emisiones y reclama estándares máximos. Es un objetivo comprensible… pero en evaluación de riesgos conviene concretar qué significa “cero”.

• Cero emisiones (literal) es técnicamente irreal en cualquier proceso industrial complejo.

• Cero superaciones de valores límite sí es exigible.

• Cero opacidad (monitorización, auditoría, datos públicos) es deseable y compatible con la industria moderna.

 El propio diseño del proyecto y su tramitación hablan de modelización y cumplimiento de límites de calidad del aire, con herramientas y escenarios conservadores. En análisis se puede señalar WRF/CALPUFF y comparativa con RD 102/2011, con resultados muy por debajo de límites legales para PM10, SO₂ y NO₂.

El debate, por tanto, no debería quedarse en “tolerancia cero” como eslogan, sino en qué red de control se impone, con qué frecuencia, con qué umbrales y con qué transparencia.

A exposómica: exposición ambiental y riesgo real (corto y largo plazo)

La “exposómica” es un enfoque útil, recuerda que la salud está influida por una suma de exposiciones. Pero el salto que hace Villapol cuando se pasa de “hay sustancias con efectos” a “vivir cerca implica daño”, no lo compartimos.

Villapol usa con frecuencia fórmulas del tipo “pueden causar”, “pueden provocar”. En ciencia, eso describe peligro (Hazard). El riesgo (Risk), en cambio, depende de la exposición y de la probabilidad, en términos simples:

Riesgo = Probabilidad × Consecuencia (R = P × C)

Sin cuantificar P (exposición real, duración, población sensible, episodios punta), el discurso se puede convertir en una cadena de posibilidades más o menos remotas que suenan concluyentes… sin serlo.

“Vivir nas proximidades dunha celulosa ten un impacto na saúde….…”

Esta frase ,tal como se presenta, se apoya en fuentes tipo ATSDR/EPA y en literatura internacional sobre fábricas de celulosa/papel.

Cierto que la toxicología es universal (el SO₂ daña igual en EE. UU. que en Galicia), pero la ATSDR suele evaluar sitios de residuos peligrosos o emergencias químicas. Aplicar sus descripciones de efectos adversos a una planta nueva que opera bajo límites de emisión y dilución atmosférica,  es el salto lógico que criticamos ( es confundir peligro con riesgo).

También que el marco legal vinculante en A Ulloa es el Real Decreto 102/2011 (transposición de directivas UE). Que la EPA proponga nuevos límites en 2032 en EE. UU. es relevante para el debate científico-político, pero no genera una obligación de cumplimiento para el proyecto Gama hoy

La idea general es cierta a un nivel amplio, hay instalaciones históricas con impactos, SI.

La cuestión metodológica es otra: ¿se puede trasladar esa evidencia a Gama, con tecnología actual, límites europeos y modelización de dispersión?

Ahí es donde cuestionamos el automatismo de  causa  Vs  consecuencia.

SO₂: irritante probado, pero el “cómo” depende de la dosis

ATSDR describe efectos respiratorios del SO₂ (irritación, broncoconstricción, mayor sensibilidad en asmáticos, etc.).
Eso no se discute. Lo que se discute es el paso “SO₂ existe entonces la población enfermará”.

• El RD 102/2011 fija valores límite de evaluación para SO₂ en aire ambiente.

• La modelización del proyecto GAMA  apunta a concentraciones muy por debajo de los límites en escenarios exigentes.

Si alguien quiere sostener un riesgo poblacional significativo, tiene que demostrar incrementos relevantes sobre fondo, episodios, exposición crónica y población vulnerable.

El uso del estudio “Lee et al., 2002” (EHP): cuidado con mezclar ocupacional y ambiental

El estudio clásico de Environmental Health Perspectives analiza mortalidad por cáncer de pulmón en trabajadores expuestos a SO₂ en la industria de la celulosa y papel (cohorte internacional) y sugiere asociación para exposición ocupacional.

El artículo de referencia (Lee et al., Environmental Health Perspectives, 2002) es un estudio ocupacional: trabajadores de fábricas de celulosa y papel, con exposición durante años, por departamentos y condiciones de trabajo. En ese paper la exposición al SO₂ se clasifica con niveles medios del orden de 0,15; 0,5; 1,5 y 5 ppm, y se define un grupo de “alta exposición” combinando prevalencia y nivel. Además, los propios autores reconocen que no pudieron ajustar por tabaquismo, y que la exposición en una papelera es compleja y con coexposiciones. Es decir, es un trabajo útil para prevención laboral (dentro de planta), pero no se puede trasladar sin más a población general que vive fuera, a kilómetros, con aire ambiente y concentraciones en µg/m³.

A tener en cuenta: 1 ppm de SO₂ ≈ 2.620 µg/m³; o sea, estamos hablando de miles de µg/m³ en ambiente laboral frente a fracciones de µg/m³. En Gama  se proyecta una media anual de 0,62  µg/m³, frente a un límite de 20 µg/m³. Las medias diarias no superarán los 15,24 µg/m³, en comparación con el máximo permitido de 125 µg/m³.

Y hay un matiz importante que suele omitirse cuando se usa este paper como “arma arrojadiza”: el SO₂, a día de hoy, no está clasificado por IARC como carcinógeno en humanos, sino como Grupo 3 (no clasificable). Esto no significa “inofensivo”; significa que presentar el SO₂ como “agente oncológico probado” es una exageración que no encaja con la evaluación de IARC

Pero aquí está el punto: es un escenario de exposición laboral, con niveles y contextos de décadas anteriores, y con coexposiciones complejas. No es una prueba directa de que población general alrededor de una planta moderna vaya a reproducir ese riesgo.

Usarlo como “prueba” de impacto comunitario es, como mínimo, una extrapolación que debe justificarse ( y no lo está).

NO₂: lo mismo… sin atajos

ATSDR también describe que exposiciones altas a óxidos de nitrógeno pueden dañar vías respiratorias, y hay evidencia amplia de efectos respiratorios en distintos contextos.
Pero de nuevo: el salto es cuantitativo.

Aquí sí hay un debate relevante: la UE viene moviéndose hacia estándares más estrictos de calidad del aire (alineación parcial con OMS), lo que hace más exigente el “margen” futuro.
Eso no convierte automáticamente a Gama en un problema, pero sí refuerza una exigencia razonable: diseño con margen, no con lo justo, y vigilancia robusta.

CO vs CO₂: cuando un error de etiqueta distorsiona

Parece que la Dra. Villapol cometió una errata. A veces el texto menciona CO₂ y atribuye efectos propios del CO (“reduce transporte de oxígeno”). Eso, en toxicología, es monóxido de carbono (CO): su mecanismo se explica por carboxihemoglobina y la hipoxia resultante.
Si en el texto original hay esa confusión, conviene decirlo con elegancia: “probable errata”, pero una errata de este tipo cambia el sentido y no debería pasar sin corrección.

PM10 y PM2,5: la gran pregunta no es “si son malas”, sino “cuánto suben”

Nadie serio discute que PM2,5 es un contaminante crítico para salud pública. La OMS endureció sus guías en 2021 (p. ej., 5 µg/m³ anual para PM2,5).
La pregunta para Gama es: ¿qué incremento aporta la planta en el entorno y en qué episodios?

Si el propio texto reconoce incertidumbre o falta de datos finos sobre PM2,5, entonces el discurso correcto no es “habrá enfermedad”, sino:

• exigir que se cuantifique,

• exigir que se modele,

• exigir que se mida con estaciones y campañas antes/durante/después.

Ozono: normalmente no “se emite”, se forma

Este es un punto técnico donde muchas discusiones fallan. El ozono troposférico es, típicamente, un contaminante secundario: se forma cuando NOx y COV reaccionan con luz solar. No suele presentarse como “emisión directa” en el sentido clásico.
Así que, si el texto dice “la planta emitirá ozono”, lo más correcto sería matizar: la planta puede contribuir a precursores, y el ozono se evalúa por dinámica atmosférica regional, no como “chimenea salida de  ozono”.

Cloro, amianto y peróxido de hidrógeno. La autora nombra estos elementos, y añade que no están presentes en GAMA

• Cloro: si el proyecto es TCF (Totalmente Libre de Cloro), el argumento basado en tecnologías de blanqueo con cloro elemental no viene al caso.

• Amianto: suele ser un vector ocupacional histórico (mantenimiento, aislamiento), no una “emisión” del proceso. Incluso la literatura de salud laboral en el sector distingue ese riesgo por oficios, especialmente mantenimiento. En la UE está prohibido desde hace años.

• Peróxido de hidrógeno: el “en altas concentraciones puede…” es cierto como peligro, pero se ubica sobre todo en prevención de riesgos laborales (almacenamiento, manipulación, ventilación, protocolos), no como riesgo comunitario difuso, sin fijar escenario, dosis y vía de exposición.

  Estos son nombrados como agentes que antaño se usaban en las industrias. De acuerdo, no hay nada más que decir,  Gama no los contempla.

Asociación de contaminantes con cáncer y enfermedades cardiovasculares o neurológicas

Villapol cita estudios de distintos países y contextos. Eso enriquece… y también puede confundir si no se verifica comparabilidad.

Muchos estudios que relacionan NO₂/PM2,5 con efectos cardiovasculares o neurológicos provienen de:

• grandes áreas urbanas,

• tráfico,

• mezclas de contaminantes distintas,

• exposiciones crónicas sobre fondos altos.

Trasladar esos resultados a A Ulloa exige demostrar que Gama introduce incrementos significativos en PM2,5/NO₂ equivalentes a esos contextos. Si no, el argumento se convierte en “como X es malo, y X existe, entonces…”; y eso no es evaluación de riesgo, es asociación retórica.

A nuestro juicio la bibliografía general sobre contaminación no sustituye al estudio de impacto concreto.

Saúde dos traballadores/as da industria da celulosa

Aquí el marco cambia por completo, hablamos de exposición ocupacional, donde sí hay sustancias a concentraciones mayores, y donde la obligación es prevención, control y vigilancia sanitaria.

La literatura ocupacional en pasta/papel existe desde hace décadas y muestra justamente lo que Sonia Villapol apunta, riesgos históricos vinculados a departamentos concretos, tecnologías antiguas, y coexposiciones (incluido amianto en mantenimiento).
En términos de conclusión práctica:

1. La ingeniería moderna reduce riesgo (encapsulamiento, captación, automatización, sustitución de químicos, ventilación, monitorización).

2. La normativa laboral ya contempla EPI, mediciones, límites de exposición profesional, planes de emergencia, formación y vigilancia de la salud.

3. Los estudios de entornos con tecnologías muy atrasadas (como los que se cita de Polonia/Rusia) pueden servir como recordatorio histórico, pero no son espejo directo de una planta europea actual.

Si Villapol quiere que su apartado de trabajadores sea científicamente “transferible” a Gama, la clave no es apilar papers, sino responder:

¿Qué procesos exactos, qué sustancias, qué rangos de exposición, qué controles?, se precisan para una correcta evaluación de riesgos laborales.

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Impacto nas comunidades da contorna: justicia ambiental y estudios citados

Villapol invoca “xustiza ambiental” y menciona estudios en Canadá/EE. UU./Escandinavia, además de casos como Carolina del Norte y un estudio que no halló aumento de cáncer en Idaho.

Aquí merece la pena ir al detalle:

Mirabelli/Wing (Carolina del Norte): percepción, síntomas y proximidad

Ese tipo de trabajos suelen mezclar exposición estimada, percepción y síntomas respiratorios en población escolar. Son útiles para plantear hipótesis y políticas, pero raramente “cierran” causalidad sin mediciones robustas.

• En Carolina del Norte, Mirabelli & Wing (2006) observan asociación entre sibilancias en adolescentes y variables como proximidad y olor. Eso puede ser relevante para hablar de molestias respiratorias y percepción de exposición, pero es un diseño observacional, con factores de confusión (tabaco ambiental, condiciones del hogar, etc.) y no prueba causalidad, mucho menos “cáncer” como consecuencia directa.

Scott et al. (Idaho): emisiones industriales y ausencia de señal clara de cáncer

El hecho de que otros trabajos no encuentren incremento de cáncer en poblaciones expuestas a ciertas emisiones industriales sirve para recordar algo incómodo para la posturadel NON, no siempre aparece el efecto esperado, o no aparece con la magnitud que se presume.

• En Idaho, Scott et al. (2020) hicieron algo que se echa de menos en muchos debates: medir compuestos orgánicos volátiles y sulfurados en aire ambiente y hacer evaluación de riesgo. Su conclusión global es que el riesgo comunitario es bajo, aunque por encima del “baseline” de la EPA y con contribución de compuestos concretos (p. ej., cloroformo, benceno, tetracloruro de carbono) al riesgo estimado. Este tipo de resultados no justifican “barra libre” a nadie; justifican lo obvio: control, mejores técnicas y monitorización. Pero desde luego no sostienen el titular de “cáncer en la población por vivir cerca”.

Olor (TRS) y calidad de vida

Este sí es un asunto terrenal y serio. Incluso cuando los límites legales se cumplen, el olor puede generar malestar, quejas y deterioro de calidad de vida si no se gestiona con rigor (captación de gases, tratamiento, sellados, operación estable). Es un motivo legítimo para exigir condiciones estrictas y transparencia.

Que una fábrica de pasta puede generar olores molestos es cierto, sobre todo por compuestos sulfurados reducidos (los típicos “olores a col”/TRS) y por episodios operativos. Ahora bien: convertir “olor” en “prueba de cáncer” es un salto injustificado. El olor es, sobre todo, un problema de calidad de vida y molestias, y precisamente por eso en las plantas modernas se invierte en captación y tratamiento de gases, operación estable y control de episodios. En otras palabras: el olor se discute como un indicador de control de proceso, no como un comodín para afirmar cualquier cosa.

Lluvia ácida, sulfatos y huertas

Aquí el texto entra en una cadena causal larga (“más sulfatos es más  microbiota intestinal  lo que implica mas  enfermedades”). Si no hay medición local y dosis, esa cadena queda más cerca del ensayo especulativo que de una evaluación de riesgo. La ingeniería ambiental trabaja con rutas verificables: emisión – dispersión – deposición – concentración en suelo/agua/alimento – ingesta – dosis interna.

Hablar de “lluvia ácida” exige deposición cuantificada (no solo “dispersión”), comparar con el fondo regional y demostrar incrementos relevantes. Si no se aporta ese cálculo, es un eslogan. Y lo de la microbiota intestinal por “más sulfatos en las huertas” es una cadena causal larguísima sin medición local ni dosis. Lo mismo con pesticidas, que un review general discuta efectos de exposición crónica a ciertos pesticidas no demuestra que el proyecto industrial vaya a incrementar pesticidas en la comarca ni que ese sea el vector principal de riesgo.

Conclusión: acuerdo en las exigencias, desacuerdo en los atajos

El texto de Villapol tiene muchas virtudes, y a nuestro juicio una sobresale: Pone la salud en el centro y obliga a hablar de emisiones, control y vigilancia. Eso es bueno para todos y para cualquier comarca rural que quiera ser “área industrial”.

Dónde nuestra posición diverge es en el método:

1. Peligro no es riesgo. Enumerar sustancias y decir “pueden…” no equivale a demostrar un impacto probable.

2. No se puede extrapolar ocupacional – comunitario sin justificar niveles de exposición y vías (el ejemplo del SO₂ y el paper de 2002 es clarificador).

3. Las palabras importan: “macrocelulosa” es un encuadre; los números sitúan a Gama lejos de las mega-mills globales. Ahora bien, visto en la escala de Galicia es opinable.

4. Si se piden “límites más estrictos” que los vigentes, es legítimo como aspiración, pero no es científicamente correcto insinuar incumplimiento por no anticipar una norma futura. Hoy, el marco aplicable es el vigente (RD 102/2011 y autorizaciones con BAT/MTD).

La posición desde ingeniería de evaluación de riesgos

Si realmente queremos proteger la salud en A Ulloa sin renunciar al desarrollo, tenemos que sacar el debate del terreno de las hipótesis médicas alarmistas y llevarlo al de las realidades tangibles. Por eso, más allá de cumplir la ley —que es el mínimo exigible—, el proyecto Gama debería poner sobre la mesa un compromiso con la comunidad que vaya más allá del papel administrativo. Un acuerdo basado en cuatro puntos que no admiten discusión:

1. Una «foto fija» previa, auditada y pública Antes de mover la primera piedra, hay que medir. Necesitamos saber exactamente qué aire respira hoy A Ulloa y cuál es el nivel de olores actual. Y no vale que lo diga la empresa; tiene que certificarlo un tercero independiente. Si queremos saber si la fábrica impacta en el futuro, necesitamos esa línea base indiscutible hoy. Así se acaba la especulación sobre el «antes y el después».

2. Datos en abierto: adiós a las cajas negras Se acabó lo de medir para la administración y guardar el informe en un cajón. La planta debe tener estaciones de vigilancia cuyos datos sean accesibles para cualquier vecino, casi en tiempo real. Si las emisiones están controladas —y la ingeniería dice que lo estarán—, la mejor defensa del proyecto es la transparencia total. Que los datos estén a la vista de todos.

3. Auditoría externa que no sea juez y parte El autocontrol es necesario para operar, pero no basta para generar confianza social. Hace falta establecer auditorías externas periódicas que verifiquen no solo que los equipos miden bien, sino que se responde rápido ante cualquier desviación. Esto aporta la objetividad que, con razón, se echa en falta en el debate actual.

4. Si la norma cambia, la fábrica cambia Es cierto que la ciencia avanza y que los límites de la OMS o la EPA tienden a ser más estrictos con los años. El proyecto debe asumir que su autorización no es un cheque en blanco: si la normativa europea se endurece dentro de diez años, la planta tendrá que invertir y adaptarse. La tecnología moderna es dinámica, y la licencia para operar también debe serlo.

En resumen: La salud pública no se protege con adjetivos que asustan, como «macrocelulosa», ni extrapolando estudios de hace veinte años en contextos que no tienen nada que ver. Se protege con datos, con tecnología, con filtros y con vigilancia estricta. Pasemos de gestionar miedos posibles a gestionar realidades técnicas. A Ulloa merece garantías absolutas, y la ingeniería actual está preparada para darlas.